Carmena y Colau exigen una regulación estatal del precio de la vivienda en alquiler | La Cuarta Columna

Según el concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño

Carmena seguirá los pasos de Colau sobre planificación turística

Entre las medidas, se contempla regular el precio de viviendas de alquiler y revisar los 10.000 pisos turísticos de la zona centro


Ada Colau y Manuela Carmena

El concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha adelantado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid “tomará decisiones en un año, no para marear la perdiz”, a partir del informe sobre pisos turísticos en la almendra central de la ciudad, que se presentará en febrero o marzo.

Lo ha anunciado junto a la concejala barcelonesa de Ciutat Vella, Gala Pin, en unas primeras jornadas celebradas este fin de semana en Madrid en las que han compartido experiencias relacionadas con la gentrificación y la masificación turística así como en el diseño de posibles estrategias conjuntas a desarrollar.

El Consistorio madrileño, a través de área de Desarrollo Urbano Sostenible, llevó a cabo ya un primer informe pero más centrado en establecimientos hoteleros, es decir, ciñéndose a lo que está legalizado que, en palabras de García Castaño, “es nada porque la normativa de la Comunidad no tuvo ningún tipo de incidencia, es como no tenerla”.

Lo que se presentará en febrero/marzo será “un informe potente de viviendas de uso turístico en Centro y en los distritos de la almendra central que servirá para hacer lo que se necesita en Madrid a día de hoy, que es poner en la mesa un debate público sobre estos temas”. “En Madrid las connotaciones de la palabra turismo suelen ser positivas siempre y es muy difícil para los que vivimos en el centro, y en un fenómeno tan nuevo como las viviendas de uso turístico, hacernos entender fuera de aquí”, ha argumentado el edil.

García Castaño llama a “tomar decisiones a nivel de ciudad, de Comunidad”. Cree que ese informe ofrecerá unos datos de vivienda turística algo menores que los de Barcelona pero unas tendencias muy similares y un nivel de “concentración brutal” en algunos barrios. “Servirá para abrir debate y tomar decisiones en un año, no para marear la perdiz”, ha subrayado. Y es que, como añade, “lo que no parece posible es que la Administración se esconda cuando tiene una burbuja (de pisos turísticos) evidente”.

Como telón de fondo está el hecho de que los pisos turísticos son, en realidad, “una gran recalificación por la puerta de atrás”. El concejal vaticina “el lío” que se montaría si en un momento dado se dijera “con luz y taquígrafos” que en un barrio del centro de Madrid 10.000 viviendas pasan a ser plazas hoteleras.

Colaboración de la CAM

Sin embargo, esa previsible contestación social se queda en este momento en un “proceso sordo”. “Esa ocultación de lo que está sucediendo de pasar hogares a plazas hoteleras está evitando respuesta de las administraciones como una falta de respuesta por la población. Estamos en ese momento de poner el fenómeno a la luz, poner un gran debate público y tomar conclusiones muy rápido porque hablamos de un fenómeno muy rápido”, ha argumentado.

“Es importante ahora mismo poner a la Comunidad ante una situación muy clara, que lo están haciendo las comunidades de vecinos de centro y también lo van a hacer actores políticos en la Asamblea de Madrid. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toque en nuestras competencias, tendremos que dialogar con la Comunidad, que lo hacemos habitualmente, pero la Comunidad va a tener también unas demandas muy fuertes del tejido social a las que va a tener que dar respuesta”, ha lanzado.

Jorge García Castaño ha puesto el acento en el nuevo modelo de gentrificación que se vive en el centro de las ciudades, con “un movimiento de despoblamiento, que es la sustitución de una población por otra no permanente, flotante. La “debilidad” que encuentra se sitúa a la hora de tener instrumentos desde las administraciones, es decir, en los centros de las ciudades es difícil hacer una política de vivienda pública aunque sí se tienen capacidades normativas.

Para empezar, en palabras del edil, hace falta un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, “factible” en esta legislatura con la composición del Parlamento, dado que la Administración “tiene la responsabilidad de que el mercado de alquiler funcione con normalidad”. García Castaño echa en falta en Madrid una regulación turística, una responsabilidad que tienen Comunidad y Ayuntamiento “de manera inmediata”.

Regular el precio del alquiler

Gala Pin, por su parte, ha puesto sobre la mesa “la total y absoluta emergencia de regular el precio del alquiler, una medida que no es inasumible porque hay muchas ciudades europeas en las que se da”. “Es prioritario ponerlo en la agenda política”, ha declarado.

“Ahora mismo, sin el factor de la vivienda de uso turístico, estaríamos teniendo una subida del precio de alquiler pero otra cosa es una irrupción de demanda que no tiene que ver con el uso residencial de la vivienda que altera completamente el mercado. Tenemos que buscar una manera de que no se pierda el número de hogares, tenemos que cerrar esa vía si no queremos ver un despoblamiento fuerte en poco tiempo”, ha instado. En este punto, la edil de Barcelona en Comú ha señalado que el distrito de Ciutat Vella pierde una media de 103 vecinos al mes, según datos del Ayuntamiento presidido por Ada Colau.

Rechazo a la moratoria

El concejal madrileño ha aclarado que no se trata de imponer en ningún caso una tasa turística porque lo importante para el Ejecutivo de Ahora Madrid “no es recaudar sino establecer mecanismos que ayuden a controlar lo que está pasando”. “Que no se nos vaya de control el mercado del alquiler, que es lo que está pasando ahora mismo”, ha apuntado.

Madrid no estudia aplicar una moratoria para la instalación de actividades hoteleras. Pin, por su parte, recuerda que en Barcelona existe una pero únicamente aplicable a aquellas actividades con licencia: en la ciudad hay unos 9.000 apartamentos turísticos con licencia pero en Ciutat Vella, uno de los distritos con más problemas de apartamentos turísticos, sólo hay 603 que cuenten con ella. El resto, contados por miles, son apartamentos turísticos ilegales, sin licencia.

El Ayuntamiento tiene competencia en algunas figuras del planeamiento, con planes de usos o de modificaciones del PGOU que, en un principio, no parece que sea la figura que vayan a emplear. “Tenemos capacidad de velar por el cumplimiento del PGOU, es decir, que las viviendas sean vivienda”, ha remarcado. Tras la presentación del informe se tendrá que establecer un plan de usos en algunas zonas de saturación donde haya criterios objetivos de qué se puede transformar y qué no en hotel.

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