La luz bajaría un 30% si se eliminasen impuestos y costes regulados | La Cuarta Columna

"Pobreza energética"

La luz bajaría un 30% si se eliminasen impuestos y costes regulados

El nicho de fraude generado por los subsidios podría subsanarse si éstos se destinaran a familias realmente desfavorecidas, analizando los casos individualmente entre las eléctricas y la administración


Fotografía: Jubilo Haku / Flickr

Este miércoles se conocía el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para dar luz verde al Real Decreto Ley por el que se reformará la Ley del Sector Eléctrico para fijar quién paga el conocido como bono social de la tarifa, esto es, un descuento del 25% en el recibo de la luz a varios colectivos, y para prohibir los cortes de luz a los consumidores en situación de pobreza extrema.

Así, la nueva ley recogerá “un nuevo supuesto de suministro esencial por razón de exclusión social -“pobreza energética”-, lo que pondrá fin al conflicto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

Entre los servicios esenciales que fija el artículo 52.4 de dicha ley (como hospitales, cárceles, transporte público o determinados organismos públicos) a los que no se puede cortar la electricidad, se añadirá uno más por razón de exclusión.

Sin embargo, aunque la clase política sólo recurra al subsidio, poco se explica del resto de factores que alteran el precio final de la factura, incrementándola al alza, e impidiendo su abaratamiento.

Por un lado encontramos la regulación del precio de la luz que se llevó a cabo durante décadas para situarlo por debajo de precio de mercado, causando lo que hoy conocemos como déficit de tarifa, o lo que se les debe a las eléctricas, precisamente, por esa diferencia acumulada entre el precio real y el regulado, y que ha encarecido la factura para hacer frente al mismo.

Por otro lado la planificación del sector eléctrico ha introducido todo tipo de subvenciones, como las del carbón, renovables o cogeneración, que incrementan sustancialmente el precio de la luz, elevan la factura pero dejan a las comercializadoras con un estrecho margen de beneficio que, tal y como apunta el economista Daniel Lacalle en su blog dlacalle.com, se eleva a tan sólo el 2,5%; mientras que el de las eléctricas sería de menos del 8%.

Basándonos en datos aportados por Daniel Lacalle, podemos afirmar que el 62% del precio final de la factura eléctrica lo fija el Gobierno, siendo un 36% impuestos y el 19% restante primas a las renovables, por lo que el coste de la energía consumida tan sólo se reduciría al 25,5% del precio total.

impuestos-luzDesglose de la factura eléctrica / Fuente: dlacalle.com / Elaboración propia

Según el Instituto Nacional de Estadística hay un 9,4% de viviendas que tienen alguna dificultad para pagar las facturas asociadas a la vivienda, sin embargo en 2015 había 2,4 millones de suministros acogidos al bono social, esto es, el 13% del total de hogares en España. Y todo ello sufragado por las eléctricas, con un coste que supuso 182 millones de euros en 2014.

Hasta el momento el bono social ha tenido un impacto más que cuestionable si tenemos en cuenta que el 75% de las familias que incurren en impago no están acogidas a dicha medida, aunque no se habla del exceso de costes.

Una modificación de los mismos, eliminando los excesivos impuestos y las tarifas reguladas, ya harían bajar la factura un 30%.

A ello habría que sumar la eliminación de los nichos de fraude que generan los subsidios, que deberían limitarse a las personas que realmente se encuentren en riesgo de exclusión, analizando cada caso, de forma individual, entre las compañías eléctricas y los servicios sociales.

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