La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ve una "aberración jurídica" la "ley Mordaza" de Cifuentes | La Cuarta Columna

"Aberración jurídica"

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ve una “aberración jurídica” la “ley Mordaza” de Cifuentes

La nueva Ley de Cifuentes prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales


Fotografía: Comunidad de Madrid

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado este jueves su rechazo al proyecto de Ley aprobado por el gobierno de Cristina Cifuentes que prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos.

Se trata del proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia que fue aprobado este martes por el Ejecutivo autonómico para su tramitación en la Asamblea de Madrid.

La PDLI considera “gravísimo” que un Gobierno “traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal”, según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade “los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal”.

La plataforma considera el proyecto “una amenaza para la libertad de expresión, cuyo único límite debería ser la comisión de un delito y previa resolución judicial, nunca administrativa”. Además, ha destacado que no se trata de un intento novedoso.

“Desde la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) llevan casi dos décadas intentando controlar Internet por vía administrativa, pero éste es con diferencia el más chusco de sus intentos. El punto débil es que se trata de una normativa autonómica, que invade competencias estatales y de otras autonomías”, explica su director legal, Carlos Sánchez Almeida.

De hecho, la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, avisa de la falta de competencia, entre otras objeciones.

Uno de los aspectos más problemáticos del texto, a juicio de la PDLI, es que “se pretenda limitar un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, con una ley regional y no estatal, y sin las garantías de una Ley Orgánica”.

Por todo ello, la PDLI califica el texto como “aberración jurídica, de difícil encaje en nuestro ordenamiento legal”. “Como no teníamos poco con la ‘Ley Mordaza’ estatal, ahora nos quieren meter una autonómica”, ha criticado Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI.

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Liberta de Información también ha manifestado su oposición al texto que pretende sacar adelante el Partido Socialista en la Asamblea, “por su coincidencia, en los aspectos más preocupantes, con el proyecto del PP”.

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